A fin de eliminar privilegios fiscales a sectores empresariales, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Código Fiscal de la Federación.
Señaló que “esos privilegios han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza, en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México”.
Esta situación presenta peligros para la economía, como el desequilibrio fiscal, pérdida de la estabilidad financiera y riesgos sobre los flujos de inversión extranjera, añadió.
Destacó que el sistema tributario, en la vertiente del ISR, se sustenta en las retenciones sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores y no en los ingresos efectivos de las empresas.
La iniciativa privada en México aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional; su contribución al pago del ISR como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido de 2.6 por ciento, en promedio durante los últimos siete años, mientras que la contribución de los asalariados –que generan 25 por ciento del ingreso nacional— ha sido de 2.20 por ciento en el mismo lapso, precisó.
Dichas prerrogativas impositivas, continuó, no tienen beneficio material para el país ni los trabajadores, puesto que los ingresos tributarios no han crecido al ritmo augurado y los salarios reales y el poder adquisitivo no se han fortalecido.
Di Costanzo Armenta propone suprimir el régimen de consolidación fiscal, la ganancia de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas, la deducción del costo de adquisición de terrenos y la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, “pues son beneficios que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas”.
Planteó que el impuesto sobre dividendos sea un pago definitivo de 35 por ciento. Además, que la exención del ISR para los donativos de organizaciones de la sociedad civil “ha inducido comportamientos perversos, donde muchas personas morales crean organizaciones no lucrativas” para evadir el impuesto, por lo que propone que esas aportaciones sean deducibles en un 30 por ciento para evitar abusos.
Sugirió la incorporación de reglas de control a campañas de redondeo en centros comerciales para que se obliguen a informar y se tenga la seguridad de que el cambio donado por los consumidores para fines sociales no sea utilizado en forma incorrecta por el contribuyente que lo retuvo.
Propuso, además, que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal, para conocer la realidad a la que se enfrenta y medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que apruebe.
El documento estipula la eliminación del régimen de consolidación fiscal; acotar la exención en el ISR sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores; la deducción del costo de adquisición de los terrenos y la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, pues todo ello ha significado un gran costo al cuantificar las importantes cantidades que el fisco ha dejado de recaudar en beneficio de los grandes empresarios.
“Debe enviarse el mensaje de que en el sistema fiscal mexicano es inadecuado que existan privilegios que cualquier persona aproveche de manera injustificada, y menos aún los grandes grupos empresariales y sus dueños”, subrayó.
Señaló que “esos privilegios han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza, en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México”.
Esta situación presenta peligros para la economía, como el desequilibrio fiscal, pérdida de la estabilidad financiera y riesgos sobre los flujos de inversión extranjera, añadió.
Destacó que el sistema tributario, en la vertiente del ISR, se sustenta en las retenciones sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores y no en los ingresos efectivos de las empresas.
La iniciativa privada en México aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional; su contribución al pago del ISR como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido de 2.6 por ciento, en promedio durante los últimos siete años, mientras que la contribución de los asalariados –que generan 25 por ciento del ingreso nacional— ha sido de 2.20 por ciento en el mismo lapso, precisó.
Dichas prerrogativas impositivas, continuó, no tienen beneficio material para el país ni los trabajadores, puesto que los ingresos tributarios no han crecido al ritmo augurado y los salarios reales y el poder adquisitivo no se han fortalecido.
Di Costanzo Armenta propone suprimir el régimen de consolidación fiscal, la ganancia de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas, la deducción del costo de adquisición de terrenos y la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, “pues son beneficios que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas”.
Planteó que el impuesto sobre dividendos sea un pago definitivo de 35 por ciento. Además, que la exención del ISR para los donativos de organizaciones de la sociedad civil “ha inducido comportamientos perversos, donde muchas personas morales crean organizaciones no lucrativas” para evadir el impuesto, por lo que propone que esas aportaciones sean deducibles en un 30 por ciento para evitar abusos.
Sugirió la incorporación de reglas de control a campañas de redondeo en centros comerciales para que se obliguen a informar y se tenga la seguridad de que el cambio donado por los consumidores para fines sociales no sea utilizado en forma incorrecta por el contribuyente que lo retuvo.
Propuso, además, que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal, para conocer la realidad a la que se enfrenta y medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que apruebe.
El documento estipula la eliminación del régimen de consolidación fiscal; acotar la exención en el ISR sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores; la deducción del costo de adquisición de los terrenos y la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, pues todo ello ha significado un gran costo al cuantificar las importantes cantidades que el fisco ha dejado de recaudar en beneficio de los grandes empresarios.
“Debe enviarse el mensaje de que en el sistema fiscal mexicano es inadecuado que existan privilegios que cualquier persona aproveche de manera injustificada, y menos aún los grandes grupos empresariales y sus dueños”, subrayó.
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