Por: Miguel A. Rocha Valencia
País de desempleados
Vivir fuera del presupuesto no sólo es un error sino además casi casi una condena a caer en el desempleo, pobreza y marginalidad.
Los hechos ahí están, mientras el desempleo aumenta y sume en crisis a poco más de dos millones 500 mil mexicanos y la informalidad aumenta hasta alcanzar a 12 millones 500 mil miembros de la población económicamente activa, la burocracia aumentó en diez años más del 19 por ciento.
Pero los más recientes datos presentados por el INEGI resultan parciales ante la realidad económica del país no sólo porque para efectos de la institución sólo están desempleados aquellos que sin tener trabajo lo buscaron en el último mes y no laboraron al menos dos horas semanales, sino porque no toma en cuenta a quienes se insertan en la economía informal incluso como limpiaparabrisas, tragafuego, cargando bultos o pidiendo limosna.
Y es que frente a la “formalidad” que se reporta con el número de inscritos al IMSS (hay al menos 14 millones de personas), están los 12.5 millones de informales.
Pero si tenemos un padrón con más de 70 millones de inscritos mayores de 18 años, podríamos decir que contamos con un potencial de Población Económicamente Activa similar, aunque el INEGI nos reporte que la PEA alcanza apenas los 47 millones de personas.
Ni así nos cuadran las cuentas porque si sumamos formal, informal y desempleados, no alcanzamos los 30 millones de personas; entonces ¿dónde quedaron los 17 millones faltantes?
Tal vez se les coloque en diversas clasificaciones como subempleo –como si la informalidad no lo fuera- o de personas que sólo se dedican a estudiar, pero que finalmente son potencialmente desempleados.
Tal vez por eso se explique el que México habiendo perdido el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto durante 2009 a causa de la crisis, reporte uno de los niveles más bajos de desocupación entre los países de la OCDE y América en su conjunto.
La verdad es que México es un país de desempleados, donde la carencia de oportunidades de trabajo es cada vez más escasa sin mencionar siquiera la calidad de la ocupación que también disminuye, así como los perfiles académicos y de experiencia para ocuparlas. Ni que decir de los salarios que se ven afectados por la demanda y las dificultades económicas de las empresas.
Ante este escenario, laborar en el sector público ciertamente resulta un privilegio, el problema es que ese segmento no está abierto a las infanterías.
Aun así, en los últimos diez años no obstante los llamados a la austeridad y la mayor carga fiscal y consumo a los contribuyentes, así como la disminución en los ingresos a las arcas públicas, el número de plazas de la alta burocracia aumentó 19.4 por ciento y representa una erogación cercana a los 661 mil millones de pesos.
Presupuesto que se “justifica” con el crecimiento de plazas de primer nivel como las de subsecretarios donde de acuerdo con los registros, pasaron de 81 a 335 plazas, es decir 285 por ciento más.
Panorama que nos hace reflexionar acerca de que si se toma en cuenta la caída de los ingresos petroleros, la carga fiscal para los causantes serán cada vez mayores para sustentar un gasto público donde no hay recato en los excesos, pues la mayor burocracia no refleja la prestación de mejores servicios especialmente en educación y salud, donde por si fuera poco, se despachan el presupuesto con jugosas transferencias a los sindicatos corporativos.
Para concluir –por hoy- están las inexactas mediciones de recuperación del empleo, ya que si se toma en cuenta la dinámica de crecimiento población, la no creación de ese millón de plazas que desde hace 20 años nos manejan como meta para atender la demanda de ocupación y los 700 mil que se perdieron en la contingencia, la verdad es muy distinta al discurso.
Para empezar se necesita más de millón 200 mil plazas nuevas para que en diez años se pueda tener una tasa real del cinco por ciento de desocupación dado el potencial de población que puede incorporarse a una actividad productiva.
Se da el caso de miles de jóvenes que con licenciatura no encuentran trabajo y mientras lo obtienen realizan maestrías, diplomados o seminarios y otros más de plano o se van del país o se enrolan en actividades “no reportables” incluyendo la delincuencia.
País de desempleados
Vivir fuera del presupuesto no sólo es un error sino además casi casi una condena a caer en el desempleo, pobreza y marginalidad.
Los hechos ahí están, mientras el desempleo aumenta y sume en crisis a poco más de dos millones 500 mil mexicanos y la informalidad aumenta hasta alcanzar a 12 millones 500 mil miembros de la población económicamente activa, la burocracia aumentó en diez años más del 19 por ciento.
Pero los más recientes datos presentados por el INEGI resultan parciales ante la realidad económica del país no sólo porque para efectos de la institución sólo están desempleados aquellos que sin tener trabajo lo buscaron en el último mes y no laboraron al menos dos horas semanales, sino porque no toma en cuenta a quienes se insertan en la economía informal incluso como limpiaparabrisas, tragafuego, cargando bultos o pidiendo limosna.
Y es que frente a la “formalidad” que se reporta con el número de inscritos al IMSS (hay al menos 14 millones de personas), están los 12.5 millones de informales.
Pero si tenemos un padrón con más de 70 millones de inscritos mayores de 18 años, podríamos decir que contamos con un potencial de Población Económicamente Activa similar, aunque el INEGI nos reporte que la PEA alcanza apenas los 47 millones de personas.
Ni así nos cuadran las cuentas porque si sumamos formal, informal y desempleados, no alcanzamos los 30 millones de personas; entonces ¿dónde quedaron los 17 millones faltantes?
Tal vez se les coloque en diversas clasificaciones como subempleo –como si la informalidad no lo fuera- o de personas que sólo se dedican a estudiar, pero que finalmente son potencialmente desempleados.
Tal vez por eso se explique el que México habiendo perdido el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto durante 2009 a causa de la crisis, reporte uno de los niveles más bajos de desocupación entre los países de la OCDE y América en su conjunto.
La verdad es que México es un país de desempleados, donde la carencia de oportunidades de trabajo es cada vez más escasa sin mencionar siquiera la calidad de la ocupación que también disminuye, así como los perfiles académicos y de experiencia para ocuparlas. Ni que decir de los salarios que se ven afectados por la demanda y las dificultades económicas de las empresas.
Ante este escenario, laborar en el sector público ciertamente resulta un privilegio, el problema es que ese segmento no está abierto a las infanterías.
Aun así, en los últimos diez años no obstante los llamados a la austeridad y la mayor carga fiscal y consumo a los contribuyentes, así como la disminución en los ingresos a las arcas públicas, el número de plazas de la alta burocracia aumentó 19.4 por ciento y representa una erogación cercana a los 661 mil millones de pesos.
Presupuesto que se “justifica” con el crecimiento de plazas de primer nivel como las de subsecretarios donde de acuerdo con los registros, pasaron de 81 a 335 plazas, es decir 285 por ciento más.
Panorama que nos hace reflexionar acerca de que si se toma en cuenta la caída de los ingresos petroleros, la carga fiscal para los causantes serán cada vez mayores para sustentar un gasto público donde no hay recato en los excesos, pues la mayor burocracia no refleja la prestación de mejores servicios especialmente en educación y salud, donde por si fuera poco, se despachan el presupuesto con jugosas transferencias a los sindicatos corporativos.
Para concluir –por hoy- están las inexactas mediciones de recuperación del empleo, ya que si se toma en cuenta la dinámica de crecimiento población, la no creación de ese millón de plazas que desde hace 20 años nos manejan como meta para atender la demanda de ocupación y los 700 mil que se perdieron en la contingencia, la verdad es muy distinta al discurso.
Para empezar se necesita más de millón 200 mil plazas nuevas para que en diez años se pueda tener una tasa real del cinco por ciento de desocupación dado el potencial de población que puede incorporarse a una actividad productiva.
Se da el caso de miles de jóvenes que con licenciatura no encuentran trabajo y mientras lo obtienen realizan maestrías, diplomados o seminarios y otros más de plano o se van del país o se enrolan en actividades “no reportables” incluyendo la delincuencia.
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